La Fundación guifi.net presenta sus propuestas para el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones

El gobierno español abrió trámite de audiencia e información pública del anteproyecto y podían presentarse alegaciones hasta el día 13 de octubre

El pasado 8 de septiembre de 2020 el gobierno español publicaba en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, dando cumplimiento al trámite de audiencia e información pública mediante el cual se pone a disposición de los ciudadanos afectados y de las entidades y agrupaciones sociales las propuestas normativas que afectan derechos e intereses legítimos de las personas para que se puedan hacer sugerencias, propuestas y alegaciones.

La Fundación guifi.net, como entidad que trabaja para un modelo de telecomunicaciones basado en una infraestructura mancomunada de comunes, abierta, libre y neutral para hacer realidad el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en todo el territorio y a un precio justo, hemos hecho llegar nuestras alegaciones a través del trámite habilitado para hacerlo, en las que pedimos:

  1. Declarar como bien común o bien de dominio público las redes de telecomunicaciones públicas en régimen de prestación a terceros que las administraciones públicas desplieguen.

  2. Promover la obligación de interconectar los puntos de intercambio de internet (IXP) de los operadores y el intercambio de todos los sistemas autónomos independientes más próximos, y a un precio justo.

  3. Garantizar el derecho a la información y la transparencia sobre las infraestructuras de telecomunicaciones disponibles financiadas con recursos públicos.

  4. Garantizar el derecho de acceso de los operadores y la información y transparencia en las infraestructuras de telecomunicaciones en las que, a pesar de haber sido promovidas por operadores privados, exista una aportación de dinero de las administraciones públicas, ya sea a través de una subvención o de cualquier otra fórmula de financiación pública.

  5. Instar a la modificación de los plazos administrativos que se prevén en el RD 330/2016 para la resolución de conflictos sobre el acceso a infraestructures susceptibles de albergar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, por ser excesivos e ir en contra de la finalidad del legislador europeo cuando con la Directiva 2014/61/UE pretendía agilizar y reducir los costes de los despliegues de estas redes.

Consideramos que nuestras propuestas son de mínimos para promover un mercado de las telecomunicaciones que incentive que la conectividad llegue a todos los hogares, como un servicio básico más. Allá donde llegan el agua y la electricidad es posible que llegue la fibra óptica y el objetivo de los gobiernos debería ser que llegara a un precio justo, con una clara vocación de servicio público. Seguiremos de cerca la aprobación del proyecto de ley para exigir la incorporación de las medidas propuestas también en sede parlamentaria.

Podéis consultar el anteproyecto de ley en este enlace.



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