Artículo publicado en El Setembre(publicación crítica, social y cultural). Viernes 21/06/2019:
La Fundación Guifi.net, encargada de promover el despliegue de una red de telecomunicaciones mancomunada, abierta, libre y neutral para llevar Internet a zonas de difícil acceso o desatendidas, apenas hace un mes manifestaba en una nota de prensa la voluntad del Ayuntamiento de Torelló de imponer una tasa por uso del dominio público imputando los metros de despliegue de fibra óptica que discurren actualmente por el municipio y que tienen por objetivo llevar el despliegue de la red comunal de Guifi.net a los municipios rurales vecinos de Orís y Les Masies de Voltregà.
Esta tasa, que la Fundación considera totalmente irracional, pretende gravar la distancia del despliegue imponiendo un importe/metro independientemente de los y las usuarias conectadas, perjudicando a las zonas rurales más alejadas de los puntos de interconexión y fomentando, por este motivo, la fractura digital que existe entre el mundo urbano y rural. Es decir, cuanto más lejos, más caro. De hecho, no nos sorprende, ya que en el año 2016, el mismo consistorio, ya quería crear una tasa abusiva que hacía inviable que la fibra óptica llegara a los municipios rurales vecinos a través del aprovechamiento de la reciente construcción de la red de distribución del agua. Finalmente, en aquella ocasión, la tasa no se aplicó.
Si bien el importe de la tasa que ahora se quiere imponer presenta una rebaja respecto de la inicial que pedía el Ayuntamiento de Torelló en el año 2016, aún estamos hablando de 6.191,36 euros anuales por una distancia de 5.330 metros de los cuales, además, finalmente no se han construido en su totalidad. Este hecho hace inviable llevar Internet a los vecinos y vecinas de Orís y de las Masies de Voltregà; y por eso queremos manifestar nuevamente que parece que desde el consistorio se preocupen más de crear el impuesto que no de la ciudadanía. La tasa supone un coste de 3,70€ anuales por usuario/a entendiendo que quienes asumirán finalmente el coste son los vecinos y vecinas de Les Masies y de Orís y calculando una previsión de conexión a la red Guifi.net del 40% de los habitantes de estas poblaciones.
En la misma línea, en el año 2014, la Generalitat de Cataluña había creado una tasa que gravaba el despliegue de fibra óptica a través del uso del dominio público de las carreteras mediante la ley de acompañamiento a los presupuestos, consistente en la imposición de un importe por metro, de manera que nuevamente se penalizaban los despliegues rurales donde las casas están mucho más lejos de los centros de distribución de Internet.
A pesar de que en el año 2017 se incorporó una exención con la finalidad que esta tasa no se aplicase en los tramos de despliegue consistentes en las conexiones de servicios de los usuarios finales -como es el caso de toda la red de distribución de Guifi.net-, desde finales del 2018 parece que insisten en resucitarla. En poblaciones como Olost y Prats del Lluçanès implica un coste anual por usuario/a de aproximadamente 3€, entendiendo también que, como mucho, un 40% de los habitantes de estas poblaciones accederán a la red de Guifi.net.
La fibra óptica es la infraestructura que hoy priorizan las operadoras para llevar Internet a las casas y permite una gran capacidad de tráfico, hecho que mejora la rapidez de navegación, permite un despliegue que aprovecha infraestructuras ya existentes, como carreteras y cañerías de agua y, además, a un precio por metro de fibra menor que el de los cables de cobre tradicionales.
Desde la Fundación Guifi.net no se cuestiona en ningún caso la competencia de los ayuntamientos y de la Generalitat para crear impuestos -de hecho, todos los ciudadanos estamos acostumbrados a pagarlos-, sino que pretendemos denunciar el carácter abusivo y discriminatorio de unos impuestos que hacen inviables despliegues en las zonas menos pobladas del territorio. Además, el caso de Torelló tiene el agravante de que pretende recaudar una tasa que repercute no en los vecinos de Torelló sino en los residentes de los municipios vecinos y por un servicio que no le ha costado nada al tratarse del aprovechamiento de otra infraestructura, la de la distribución del agua, que también pagamos los ciudadanos. Además, ya existe un impuesto genérico del 1,5% sobre la facturación anual de los operadores comerciales por ocupación del dominio público municipal y entendemos que la imposición de más impuestos por el mismo concepto supondría una doble imposición totalmente ilegal y para la cual habría que buscar mecanismos que permitieran la exención, bonificación o deducción de esta.
Pero, ¿a quién beneficia y a quién perjudica la aplicación de estos tipos de tasas
Defender el acceso a Internet es necesario, defenderlo en las zonas rurales es imprescindible